Uruguay ha dado pasos importantes hacia un control marítimo más eficaz, apostando por alianzas estratégicas y tecnología de punta. Sin embargo, los recientes incidentes ocurridos en la costa del departamento de Colonia evidencian que la pesca ilegal continúa siendo una amenaza latente. La fuga de 14 embarcaciones extranjeras sin ser interceptadas por la Armada deja al descubierto las brechas que aún persisten en el sistema de vigilancia y respuesta del país.
Un mar patrullado por algoritmos
Desde inicios de 2025, Uruguay participa en un ambicioso proyecto binacional con el Reino Unido, cuyo objetivo es detectar embarcaciones que operan fuera del marco legal. A través de satélites, drones y algoritmos de inteligencia artificial, esta iniciativa busca identificar prácticas como la desconexión del Sistema de Identificación Automática (AIS), un recurso habitual en la pesca no declarada y no reglamentada.
El programa, que cuenta con el respaldo de la Embajada Británica, involucra a la ONG Mar Azul Uruguayo, universidades locales y organismos estatales. El embajador británico en Montevideo, Malcolm Green, señaló en una entrevista al Semanario Búsqueda que ya se están impartiendo capacitaciones a técnicos de la Armada y de la Fuerza Aérea, enfocadas en el uso de plataformas digitales que permiten monitorear y analizar en tiempo real el comportamiento de flotas pesqueras a nivel global. Detectar patrones anómalos, como trasbordos sospechosos en alta mar, forma parte de las herramientas para una reacción oportuna.
Una huida sin consecuencias
A pesar del despliegue tecnológico, los hechos demuestran que aún existen serias limitaciones operativas. El 20 de marzo de 2025, la Subprefectura de Juan Lacaze detectó 14 embarcaciones extranjeras en aguas del Río de la Plata. Solo cuatro de ellas fueron perseguidas por unidades de la Armada. Sin embargo, tras 45 minutos de seguimiento, las embarcaciones cruzaron la frontera hacia Argentina sin ser detenidas, mientras arrojaban bultos al agua, cuyo contenido sigue siendo un misterio.
El incidente no tuvo consecuencias concretas: no hubo detenciones, ni se recuperaron evidencias. Las hipótesis van desde pesca ilegal hasta contrabando o incluso tráfico de estupefacientes. La Armada divulgó imágenes del operativo, pero hasta ahora no se ha informado de avances en la investigación.
Continuidad informativa: una deuda pendiente
Este tipo de episodios no es nuevo. En 2023, un buque pesquero de origen chino fue centro de atención cuando se lanzó desde su interior una botella con un mensaje de auxilio. Aunque las autoridades abordaron el barco, no encontraron indicios de trata de personas, pero sí se reportaron denuncias laborales. La falta de consecuencias y de seguimiento mediático dejó el caso en el olvido.
Este patrón se repite con frecuencia: se reportan incidentes, pero rara vez se informa sobre sus resultados. ¿Qué ocurre después de una persecución fallida? ¿Se abren procesos judiciales? ¿Se intercambia información con países vecinos como Argentina? ¿Se identifican las embarcaciones involucradas? Por ahora, ninguna de estas preguntas tiene respuesta oficial.
Tecnología sin voluntad política es solo tecnología
La implementación de inteligencia artificial y otras geotecnologías coloca a Uruguay en el camino hacia una vigilancia marítima más eficiente. Sin embargo, la falta de acuerdos institucionales y una débil política de transparencia amenazan con neutralizar estos avances.
Organizaciones civiles como Mar Azul Uruguayo advierten que sin iniciativas como Global Fishing Watch, que permiten el acceso público a datos de posicionamiento de embarcaciones, la lucha contra la pesca ilegal carece de respaldo firme. Hasta la fecha, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos no ha firmado convenios que garanticen la apertura de esta información, aunque se percibe una posible apertura bajo la nueva administración.
Una lucha en curso
Uruguay enfrenta un desafío complejo y urgente: consolidar la cooperación internacional mientras fortalece sus mecanismos internos de control, investigación y sanción. Su mar territorial no solo es fuente de riqueza natural, sino también una zona de conflicto entre intereses legales e ilegales: desde la pesca industrial hasta el contrabando y delitos transnacionales.
La tecnología puede ser una herramienta poderosa, pero su efectividad dependerá de la capacidad del Estado para traducir datos en acciones concretas, y estas acciones en resultados medibles. El episodio en Juan Lacaze lo deja claro: mientras los algoritmos detectan anomalías, el control efectivo sigue siendo limitado. En tanto, las aguas uruguayas continúan siendo escenario de actividades fuera de la ley, muchas veces más veloces y mejor organizadas que las respuestas estatales.
La pesca ilegal, el contrabando y otras amenazas marinas no se resolverán solo con sensores y drones. Requieren voluntad política, transparencia y un compromiso sostenido por parte de las autoridades y la sociedad civil. Solo así, Uruguay podrá transformar su apuesta tecnológica en una verdadera política de soberanía y control marítimo.